CIUDAD DE MÉXICO. Con el nuevo modelo de fiscalización aprobado en la reforma electoral, los gastos e ingresos de aspirantes, precandidatos, candidatos y partidos políticos estarán más vigilados que nunca.
En las próximas elecciones de 2015 habrá más dinero y más gasto, no sólo público, sino también privado, y se prevé realizar el registro y verificación del dinero usado por los participantes a los mil 705 cargos en juego en los comicios (300 diputados federales; 9 gobernadores, 387 diputados locales y mil 9 ayuntamientos).
Pero con los cambios legales los recursos utilizados en las campañas electorales por primera vez tendrán un sistema de fiscalización que permitirá detectar anomalías en el uso de los gastos en menor tiempo, además contará con la participación de entidades como el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaría, así como la vigilancia de los ciudadanos.
"La fiscalización también formará parte del proceso electoral y tendrá que estar lista antes de la calificación de la elección".
Así lo advirtió el titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, Alfredo Cristalinas, quien informó que el incremento en la revisión de informes de gastos e ingresos de partidos y candidatos pasará de seis mil a 76 mil, una estimación de aproximadamente 10 millones de operaciones.
Los plazos de revisión también se acortan, si a la llegada de Vicente Fox a la presidencia tuvieron que pasar tres años para que se sancionara al partido por el caso Amigos de Fox y al PRI por el "Pemexgate" o para resolver el caso Monex transcurrió un año, ahora los los informes de precampaña se tendrán que revisar tan sólo en 47 días a partir del término de las campañas y para las campañas son 37 días.
"Esto traducido ya en una línea de tiempo desde que inician las campañas hasta el día que el Consejo General conoce la resolución, estamos hablando en promedio de entre 100 y 103 días, ¿qué quiere decir? Que es de todos modos un tiempo bastante breve. Los plazos son verdaderamente reducidos, pero no imposibles", señaló el funcionario.
Los resultados deberán estar listos en la primera quincena del mes de julio del año de la elección "un verdadero reto", y lo que se busca es "inhibir conductas de uso indebido de recursos, de uso excesivo de recursos, a través de la anulación de la elección".
Cómo hará el INE para enfrentar este desafío. Mediante el Sistema en Línea de Contabilidad de partidos, aspirantes, precandidatos y candidatos, cuyo propuesta de diseño y alcance fue aprobada ayer por el Consejo General.
CONTABILIDAD EN LÍNEA
Antes de la ley el INE debía esperar los informes de partidos políticos y el conjunto de recibos, facturas, contratos de honorarios, copias de cheques estados de cuenta bancarios y todos demás elementos que le permitiera establecer la veracidad de las operaciones.
Con la reforma a partir de que se registré un gasto en línea por la adquisición de un espectacular o la compra de gorras, playeras o cualquier pago de servicio, en ese momento la unidad podrá cruzar la información con otras fuentes.
Una ventaja adicional es que no sólo los partidos o la autoridad conocerán esa información, ya que la ciudadanía también conocerá de primera mano los datos sobre los recursos públicos que se entregan y de dónde provienen mediante un módulo de transparencia.
EL FINANCIAMIENTO
Ahora el financiamiento permitido a militantes es del dos por ciento del financiamiento público total otorgado a la totalidad de los partidos políticos, un incremento fuerte, según la consejera Pamela San Martín. Al día de hoy sería de 76.2 millones de pesos en conjunto.
En cuanto a los simpatizantes, la aportación es un financiamiento máximo por persona del 0.5 por ciento del tope de gastos de campaña para la elección presidencial inmediata anterior. Es decir 1.6 millones de pesos por cada simpatizante.
Esta semana el Consejo General del INE aprobó el Sistema en Línea de Contabilidad de los partidos , aspirantes, precandidatos y candidatos, que les permitirá cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
