Con un duro debate previo a la discusión que habrá el fin de semana sobre la decisión de convertir los pasivos laborales de Pemex en deuda pública, y por la impunidad y la corrupción que prevalece en esa empresa, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló esta madrugada, en lo general y en lo particular, la nueva Ley de Petróleos Mexicanos y la nueva Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En respuesta a las críticas de la oposición de izquierda, el PRI y el PAN modificaron ambas leyes para introducir la figura del "testigo social", para que ciudadanos vigilen la transparencia en los los procesos de contratación y licitaciones.
La modificación aprobada consiste en que personas externas -académicos, ONGS, auditores, contralores y expertos en transparencia nacional e internacional- podrán participar en calidad de "observadores" en las distintas etapas de los procedimientos de contratación.
Con esta modificación, los diputados aprobaron –con 319 votos a favor y 116 en contra- el tercer paquete de leyes energéticas de la tercera minuta que recibieron del Senado de la República, que expide la nueva Ley de Pemex, la nueva Ley de la CFE y las reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Luego de que la tarde de ayer aprobaron el dictamen en lo general con 331 votos a favor y 132 en contra, los diputados debatieron 584 "reservas"o propuestas de cambios.
Tras una larga sesión de casi 15 horas, el documento fue aprobado después de las 3:00 y devuelto al Senado para su revisión y ratificación.
Los diputados fueron citados a las 13:00 horas de este jueves para continuar la sesión extraordinaria y debatir y votar el dictamen de la cuarta y última minuta de los senadores, que contiene la nueva Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la nueva Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.