Política

ONGs exigen al Congreso legislar publicidad oficial

Fundar y ARTICLE 19 exigieron a los legisladores discutir y aprobar la ley de publicidad oficial para garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad informativa.

CIUDAD DE MÉXICO. Ante la discusión de las leyes secundarias de la reforma política electoral dentro del período extraordinario, las organizaciones civiles Fundar y ARTICLE 19 exigieron a los legisladores discutir y aprobar la ley de publicidad oficial para garantizar en todo momento la libertad de expresión, el derecho a la información y la pluralidad informativa.

En un pronunciamiento conjunto, señalaron que los legisladores fallaron a las promesas presidenciales y a sus obligaciones legislativas, ya que dejaron la regulación del uso de la publicidad oficial fuera del pre-dictamen de la reforma electoral que se presentará para su aprobación esta semana en sesiones extraordinarias.

"En julio del 2012, el presidente Enrique Peña Nieto prometió regular la publicidad oficial. Asimismo, según el tercero transitorio de la reforma constitucional en materia electoral, el Congreso tenía hasta el 30 de abril para emitir la legislación y no lo hizo. No existen señales serias de cambios, ni en el marco normativo del uso de la publicidad oficial ni en las prácticas", advierten.

Fundar y ARTICLE 19 presentaron el análisis "Publicidad Oficial: Recursos públicos ejercidos por el Poder Ejecutivo Federal en 2013 con base en los datos publicados en el Sistema de Comunicación Social" (COMSOC), el cual advierte el mismo patrón de gasto en publicidad oficial que en administraciones anteriores:

Una transparencia frágil, montos millonarios ejercidos sin reglas claramente definidas y contenidos propagandísticos que más que informar buscan persuadir a los ciudadanos sobre los alcances de las grandes reformas que implementa el gobierno.

Reveló que en el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la administración pública centralizada y paraestatal se gastó cuatro mil 195 millones de pesos en publicidad oficial.

El monto total es 7.8% superior a los tres mil 890.4 millones de pesos recaudados en 2013 por el impuesto sobre los depósitos en efectivo y equivale al 74% del monto que se planea recaudar en 2014 a través del impuesto sobre los alimentos no básicos con alta densidad calórica (5,600 millones de pesos).

Éste, aclaran las organizaciones, si bien representa una disminución del 20% respecto al primer año de gobierno del presidente Felipe Calderón (2006), no refleja un cambio estructural.

"Los gastos ejercidos por Enrique Peña Nieto han disminuido en el contexto particular de un primer año de gobierno aunado a una importante desaceleración de la economía", señalan.

En 2013, el ramo que más gasta por este concepto es Turismo con mil 511.1 millones de pesos, seguido por Hacienda con 846.52 millones de pesos y Energía con 479.4 millones de pesos.

El gasto ejercido por estos últimos puede explicarse con las reformas estructurales del año pasado que estuvieron acompañadas de una importante propaganda oficial como la reforma educativa y la energética.

Por su parte, el análisis subraya la importancia de la Televisión en la distribución del gasto pues concentra 33% (equivalente a mil 392 millones de pesos), seguido por la prensa escrita a la que se asigna el 18% (736 millones de pesos) y la Radio: 14% (584 millones de pesos).

La inversión en Internet sigue siendo marginal pues sólo el 5% se destina a este tipo de medio.

Se destaca que el gobierno reparte la publicidad oficial bajo criterios diferentes a los que rigen el mercado publicitario en su conjunto, en donde el reparto se da de la siguiente manera: 61% en Televisión (televisión de paga y televisión abierta), 10% en prensa escrita y 9% en Radio.

"Es preocupante no conocer con detalle y claridad los criterios de distribución de la publicidad oficial. Las deficiencias en el uso y la asignación de la publicidad oficial fomentan la opacidad, la corrupción y la censura sutil", señalaron.

"Se trata de problemas estructurales que sólo se pueden resolver al mejorar el marco normativo, la rendición de cuentas y al garantizar la implementación efectiva de estos cambios. Se necesita una ley general que impulse la transparencia, el uso racional de los recursos públicos y el combate a la corrupción", advierte el estudio.

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