Los miembros del Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins y la de la Fundación Universidad de las Américas Puebla, anunciaron este viernes a través de su cuenta de Twitter que presentaron una notificación de intención para iniciar una reclamación bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para recuperar los daños económicos resultantes de varios agravios en su contra.
Entre las afectaciones, enumeraron que se reabrió ilícitamente una investigación penal, se emitieron órdenes de aprehensión, se realizaron varios intentos de destituir a los patronatos de la fundación y de la FUDLAP, además de que se trató de tomar de posesión de la Universidad de las Américas Puebla por parte del Gobierno de Puebla y sus representantes, “cuyo principal objetivo es la usurpación de la fundación y sus activos”, apuntó el comunicado.
Agregaron que los patronos están obligados a proteger los activos de la fundación, sus estudiantes, cuerpo académico y el legado de filantropía que llevan haciendo por años, iniciado por su fundador William Oscar Jenkins.
“En consecuencia, los patronos buscarán recuperar los daños significativos que han sufrido, así como cualquier otro daño que incurran, como resultado del incumplimiento de las obligaciones del TLCAN por parte del Gobierno de México.
Al final del comunicado, los agraviados expusieron que notificaron la intención de reclamo ante la Secretaría de Economía, específicamente ante la dirección general de Inversión Extranjera y la dirección general de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional.
El Financiero consultó a la Secretaría de Economía para conocer más información al respecto, sin embargo, detallaron que no contaban con información por el momento.
A manera de contexto, el pasado 29 de junio, la policía estatal de Puebla desalojó las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), ya que la nueva fundación de esta institución busca recuperar el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins y tener la posesión jurídica y material de las instalaciones de la universidad, por lo que recurrió a la vía legal.
El 7 de julio, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló en conferencia de prensa que su gobierno no llegará a ningún tipo de acuerdo con el anterior patronato de la UDLAP hasta que no regresen a Puebla la cantidad de 750 millones de pesos (cantidad que se estima fue enviada a paraísos fiscales), o por lo menos ver cuánto dinero se puede regresar a la entidad.
Ante estas declaraciones, la Fundación Mary Street Jenkins, manifestó su enérgico rechazo a las expresiones “ofensivas y carentes de argumentos”, que buscan dañar y desprestigiar a la institución.
“En relación a las declaraciones externadas hoy por parte del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, la Fundación reitera que su actuar en el estado y en todo México siempre ha sido con apego a las leyes e instituciones del país”, apuntó.