La decisión del presidente Joe Biden de apoyar que las inoculaciones contra el COVID-19 queden exentas de los derechos de propiedad intelectual tuvo un objetivo mayor: transmitir el compromiso de su gobierno con el liderazgo global después de cuatro años de unilateralismo y proteccionismo con el expresidente Donald Trump. Sin embargo, Biden enfureció a las empresas que desarrollaron las dosis en tiempo récord y no acelerará su fabricación.
Después de más de un mes de deliberaciones internas, Biden decidió esta semana respaldar los llamados internacionales a favor de anular las protecciones a las patentes de las vacunas.
El cambio de política, recibido con agrado por muchas organizaciones caritativas en el mundo y por los liberales dentro de Estados Unidos, no fue novedad. Biden apoyó la idea durante su campaña por la Casa Blanca, pero la propuesta fue examinada durante debates intensos al interior del gobierno sobre cuál sería la mejor manera de poner fin a la pandemia y al mismo tiempo restaurar la influencia de Washington en el exterior.
Los funcionarios reconocen que, en el mejor de los casos, tomará por lo menos un año que se produzcan más vacunas como consecuencia del cambio. Los principales gobernantes europeos se oponen firmemente a la liberación de las patentes y es posible que jamás se logre el consenso necesario en la Organización Mundial del Comercio.
La producción especializada, en particular de las vacunas de vanguardia de ARN mensajero como las que fabrican Pfizer y Moderna, podría tardar aún más. Además, la cuestión podría ser menos apremiante si los fabricantes de vacunas logran una producción suficiente que satisfaga la demanda internacional.
Para Biden, eso es irrelevante en gran medida, dijeron funcionarios de la Casa Blanca, porque la decisión es indicativa de la pretensión del presidente de hacer que Estados Unidos regrese a su posición de liderazgo post-Trump.
“Esta es una crisis sanitaria global, y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias”, dijo el miércoles la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, al anunciar la medida.
El anuncio fue recibido con sorpresa y decepción por algunos de los aliados europeos más cercanos de Biden. La canciller alemana Angela Merkel rápidamente se manifestó en contra, y un portavoz del gobierno señaló que provocaría “severas complicaciones” a la producción de vacunas.
El momento de la decisión también sorprendió a las compañías fabricantes de inoculaciones que habían intentado enérgicamente disuadir al gobierno de adoptar una decisión que según ellos perjudicará a los productores estadounidenses.
Sin embargo, funcionarios subrayaron que Tai sostuvo más de dos docenas de reuniones con las partes interesadas, incluidos fabricantes de medicamentos.
La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, también se opuso al plan, aunque fue excluida de la reunión final, dijeron dos personas cercanas al proceso de la toma de decisión que pidieron guardar el anonimato porque no estaban autorizadas a hacer declaraciones a la prensa sobre deliberaciones internas. Otros funcionarios de la Casa Blanca destacaron las limitaciones prácticas de la decisión de Biden, pero ganó el simbolismo.
Grupos empresariales advirtieron que la postura podría reducir futuras inversiones en medicamentos, mientras que fabricantes de vacunas y algunos legisladores republicanos advirtieron que equivaldría a obsequiar conocimientos tecnológicos estadounidenses a China. Históricamente, las vacunas no han sido un gran motor de ganancias para las farmacéuticas.
“El Partido Comunista de China ya está celebrando este regalo del presidente Biden”, tuiteó el senador Tom Cotton, quien recalcó los elogios de un funcionario chino a la decisión del mandatario.
La Organización Mundial de la Salud autorizó el viernes la utilización de emergencia de una vacuna fabricada por una compañía china, lo que podría allanar el camino para la producción de millones de dosis que se enviarían a países necesitados mediante el programa COVAX.
El visto bueno de un grupo asesor técnico de la OMS —el primero emitido para una vacuna china— abre la posibilidad de que la oferta de Sinopharm sea incluida en las próximas semanas o próximos meses en el programa COVAX para distribuir las vacunas de esa empresa mediante la UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud.
Pero los fabricantes estadounidenses de vacunas también advirtieron que la decisión del gobierno de Biden podría perjudicar el abasto global en el corto y mediano plazos.
El principal obstáculo para la fabricación de vacunas, dicen, continúan siendo los cuellos de botella en la producción y la escasez de los suministros especializados necesarios para elaborarlas, una dificultad que podría agudizarse si otros países los acaparan para hacer internamente sus propias dosis. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, contiene más de 200 componentes, muchos de los cuales tienen alta demanda en el mundo actualmente.
Además de subrayar que la decisión era un compromiso de campaña de Biden, algunos en la Casa Blanca también creen que reditúa una victoria política de bajo riesgo. Señalan que la postura, aplaudida por algunos en la izquierda, constituye una buena política demócrata y que pocos se enfurecerán a favor de las compañías farmacéuticas, aun cuando se les ha exaltado como heroínas durante la pandemia.
Colaboradores de la Casa Blanca sostienen que la decisión de Biden se restringe solamente a las vacunas contra el coronavirus debido a la escala de la pandemia, pero algunos progresistas que exigen que el gobierno controle los precios de los medicamentos de receta la consideran un comienzo.
“Esta es la razón por la que el sector farmacéutico se está quejando de las patentes de las vacunas contra el COVID: el gobierno podría al fin tener el valor para bajar los precios de los medicamentos en el país”, tuiteó el viernes la senadora Elizabeth Warren. “Y debería”.
“El presidente Biden puede bajar los precios de las medicinas produciendo medicamentos como insulina, naloxona y EpiPens a bajo costo”, agregó. “Y no necesita al Congreso para hacerlo: puede hacer uso de las autoridades existentes para ignorar licencias y derechos sobre patentes a fin de sortearlas en caso de necesidades de salud pública”.
El debate sobre las vacunas tiene lugar en momentos en que el gobierno se ha fijado una nueva meta de aplicar al menos una dosis al 70 por ciento de los adultos estadounidenses para el 4 de julio, aunque pasa apuros para convencer a los escépticos y a los desmotivados de que se vacunen.
La demanda de inoculaciones ha bajado notablemente a nivel nacional, y algunos estados dejaron de ordenar más de la mitad de sus dosis asignadas. Más del 56 por ciento de los adultos estadounidenses han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, y casi 105 millones ya están totalmente inoculados. Estados Unidos aplica actualmente la primera dosis a una tasa de 965 mil por día, la mitad que hace tres semanas, pero casi el doble de lo necesario para alcanzar la meta de Biden.