La acusación de presunta negligencia contra Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, por su estrategia para controlar la pandemia de COVID-19 aún no es un caso cerrado, informó este martes el despacho Coello Trejo & Abogados, encargado de llevar una denuncia contra el funcionario.
Específicamente, el despacho representa a los familiares del señor Felipe del Carmen Jiménez Pérez, quien fue una de las más de 333 mil personas que falleció en México a causa de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2.
La denuncia contra López-Gatell fue interpuesta en noviembre de 2020 ante la Fiscalía General de la República, explicó Javier Coello, abogado director del bufete, pero ha sido desechada por distintas autoridades judiciales:
- En diciembre de 2020, la Fiscalía se abstuvo de investigar el caso “por considerar que los hechos no eran constitutivos” de delito.
- Los familiares de Jiménez Pérez tramitaron después una impugnación que fue rechazada por un juez de control federal especializado.
- Esa nueva resolución fue impugnada vía un juicio de amparo directo. El fallo fue contrario otra vez a Felipe Jiménez Palacios, señalado por el bufete como ‘víctima indirecta’.
- A esto siguió otra impugnación, esta vez ante el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del primer circuito, quien dio la razón a los familiares de la víctima.
Ese tribunal ordenó a un juez de control federal celebrar una audiencia entre el Ministerio Público y la presunta víctima indirecta de la negligencia de López-Gatell para avanzar en el caso.
Denuncia vuelve a sufrir otro ‘contratiempo’
La audiencia resultó favorable para los familiares del demandante, pues un juez de control revocó en enero de 2022 el acuerdo ministerial de no investigar a López-Gatell, al considerar que la Fiscalía emitió una decisión infundada.
Sin embargo, un nuevo revés llegó en marzo de este año, cuando al iniciar la solicitud para integrar una carpeta de investigación contra el subsecretario de Salud, un agente del Ministerio Público decidió acordar un no ejercicio de la acción penal contra López-Gatell, una medida “ilegal y sin fundamento”, aseguró el abogado Coello.
“Ante esta aberración e ilegal conducta, este despacho a mi cargo solicitó ante el juez de control una audiencia para el efecto de combatir la equivocada e ilegal determinación, habiendo logrado que dicha impugnación fuera aceptada con fecha 2 de mayo de 2023 se realizó”, explicó en un comunicado.
Arturo Medel Casquera, juez de control federal en el Reclusorio Sur, revocó la resolución de no ejercicio de la acción penal y “ordenó a la Fiscalía que continúe la investigación; que desahogue más datos de prueba e incluso que investigue a fondo estos lamentables hechos”.