CIUDAD DE MÉXICO. Juan José Guerra Abud, secretario de la Semarnat, reconoció que la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchise trata del "peor desastre ambiental en la industria minera".
En tanto, Guillermo Haro, procurador Federal de Protección Ambiental afirmó que, aunado a la demanda penal que interpuso la Profepa en contra de los que resulten responsables de la contaminación del Río Sonora y el Río Bacanuchi, se estudia ya una demanda por responsabilidad ambiental, que además de una sanción económica por más de 40 millones de pesos, se incluye el costo de reparación de daños ambientales, que se calcula en cientos o miles de millones de pesos.
El funcionario federal detalló que será en próximas semanas cuando se tendrán los elementos contundentes para iniciar esta nueva acción por responsabilidad ambiental.
En conferencia de prensa, en conjunto con los titulares de Semarnat, Conagua y Cofepris, el procurador fue cuestionado sobre la posibilidad de clausurar la minera o el retiro de concesiones, pero fue insistente en asegurar que esto no es de su competencia.
Ni Profepa ni Semarnat tienen las facultades para clausurar la empresa, pero sí para hacer clausuras parciales que fue lo que sucedió con el patio de lixiviados donde sucedió el incidente, reiteró el funcionario.
"Donde detectamos irregularidades en procesos de producción, lo clausuramos, pero hasta ahora, de acuerdo a los elementos con los que contamos, hemos actuado con toda la energía. De encontrar irregularidades en el resto de los procesos que se revisan, podrá haber clausuras parciales y temporales", sostuvo Haro.
Ante la insistencia de los medios del por qué no se clausura la empresa, Haro indicó que en caso de encontrar elementos suficientes, solicitarán al área correspondiente, que "retire la manifestación de impacto ambiental".
Informó que el 30 por ciento de las mil 200 mil minas que hay en el país, han sido revisadas y antes de que concluya el 2015 se revisará la totalidad. Destacó que de las revisadas, se han clausurado 20 minas de manera total y definitiva.
El funcionario detalló que hasta ahora, de las cuatro medidas dictadas a la empresa Buenavista, una ha sido incumplida y corresponde a un borde de contención que debido a una insuficiencia técnica, se tienen signos de filtración que pudieran generar un escurrimiento y contaminar los ríos.
Por ello dijo que el tema de demandas, incluida la penal, siguen su cauce por separado, de modo que por incumplimiento de medidas de urgencias dictadas, por la indebida aplicación de los lineamientos para patio de lixiviados, las multas podrías alcanzar los 50 mil salarios mínimos (tres millones de pesos); aunado a la determinación a la que se llegue por daño ambiental.
En su oportunidad, el comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coferpris), Mikel Arriola, indicó que hasta el 20 de agosto se han identificado cinco casos de personas con sintomatología asociada al derrame del sulfato, se trata de cuatro hombres y una mujer mayores de 40 años, a quienes ya se dio la atención debida y se encuentran ya dados de alta.
Abundó que hay ya brigadas en el lugar para prevenir nuevos riesgos, para lo cual cuentan ya con personal e infraestructura necesaria.