El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentado el pasado 1 de septiembre, fue muy revelador. Pero no tanto por lo que dijo, ni siquiera por lo que decidió no decir. Fue revelador por lo que tuvo de confesión, por lo que mostró del sentimiento real de quien ejerce la máxima responsabilidad política del país y por la forma en que la presidenta entiende hoy el poder.
Quiero detenerme primero en algo que ha quedado reseñado en distintos análisis del discurso. A su mentor, jefe y, en el fondo, creador político, Andrés Manuel López Obrador, esta vez lo colocó menos en el centro. Su nombre apareció, por ejemplo, al hablar de la basificación de maestros y su legado estuvo presente a lo largo de toda la reivindicación de la ‘Cuarta Transformación’. Pero Sheinbaum evitó convertir el informe en una nueva ceremonia de subordinación personal. Si fue decisión suya o consejo de alguien cercano, fue una muestra de inteligencia política.
Porque uno de los principales negativos que ha ido acumulando la Presidenta no proviene de que se sienta parte de la ‛4T’. Está en todo su derecho. El problema es la insistencia con la que reivindica la continuidad y se presenta como consolidadora de aquel proyecto. Cuanto más insiste en ello, más se convierte también en protagonista y casi en corresponsable política de los errores cometidos por quien creó la ‛Cuarta Transformación’.
Ahora bien, que la palabra “corrupción” no apareciera ni una sola vez en el mensaje oral del Segundo Informe, con todo lo que está cayendo alrededor del poder, no es solamente un insulto a la inteligencia. Es una señal política gravísima. La presidenta sí habló de “honradez”, de “honestidad” y de “austeridad republicana”. En este punto es necesario hacer una precisión importante: el documento escrito entregado al Congreso sí aborda el combate a la corrupción, es decir, el tema existe en el expediente burocrático. Lo que no existió fue en el discurso político de la presidenta ante el país. Y esa diferencia importa.
Un informe escrito es un documento técnico de rendición de cuentas. Un discurso presidencial es una selección política. Es la decisión de qué mirar, qué nombrar, qué colocar frente a la nación y, también, qué dejar fuera.
¿Será que la realidad no cabe en la cabeza de quien tiene la máxima responsabilidad ejecutiva del país? ¿Será que estamos ante un problema de percepción política, ante la decisión de no mirar aquello que incomoda? ¿Será que ella, como otros presidentes, incluso con un balance político propio que en muchos aspectos puede ser más favorable que el de su antecesor, practica también aquel viejo “ni los veo ni los oigo” de Carlos Salinas de Gortari?
¿Será que pertenece a quienes creen que, a fuerza de negar un problema, el problema desaparece?
Porque incluso para combatir, incluso para odiar, incluso para remover y librar una batalla, es menester conocer bien al enemigo. Y, antes que nada, reconocer que existe.
Hasta en el PRI de la “dictadura perfecta” –la expresión con la que Mario Vargas Llosa describió en 1990 al sistema político mexicano dominado durante décadas por un partido hegemónico– había límites y había purgas. No eran necesariamente límites democráticos ni mecanismos ejemplares de justicia. Eran, muchas veces, mecanismos de supervivencia del propio sistema.
Cuando alguien cruzaba ciertas líneas, ya fuera por sí mismo, por sus hijos, por sus hermanos o simplemente porque la codicia lo llevaba a robar no solamente más, sino de manera cada vez más imprudente, se caía. Desaparecía políticamente.
Y cuando el escándalo alcanzaba otra dimensión, hubo figuras del propio sistema que terminaron pisando las cárceles. Había alguien, en algún lugar, que hacía algo. No necesariamente por virtud. Muchas veces, simplemente porque el régimen entendía que proteger indefinidamente a uno de los suyos podía terminar poniendo en peligro a todos.
En el discurso del otro día, en cambio, no hubo corruptos, no hubo responsables a los que señalar, no hubo arrepentimiento y, por lo tanto, tampoco hubo necesidad de perdón. Porque lo que no existe, no se perdona.
Y mientras tanto, dentro de su propio movimiento, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, no tuvo más remedio que salir a decir lo evidente. Al ser cuestionada por los vuelos privados atribuidos a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo que ese tipo de conductas no corresponden con los principios de austeridad del movimiento y que la gobernadora tendrá que explicarlas.
Aquí también hay que ser precisos. Investigaciones periodísticas han documentado decenas de vuelos privados realizados por Lezama y miembros de su entorno desde su etapa como alcaldesa de Cancún y durante su gubernatura. Un cálculo realizado sobre 69 de esos vuelos estimó un costo cercano a 20 millones de pesos.
Hacen falta explicaciones. No silencio. Ni estética ni éticamente es tolerable que el discurso de quien ocupa simultáneamente la jefatura del Estado y la titularidad del Poder Ejecutivo pueda hablar de austeridad, humildad y honradez sin incorporar de frente la palabra corrupción cuando ese debate existe dentro del propio movimiento que gobierna México.
Porque la mayor obligación del responsable del Poder Ejecutivo es hacer y cambiar todo lo necesario para que, cuando existan indicios y pruebas de un delito, se investigue; para que, cuando corresponda, un expediente llegue ante un juez, y para que, si se acredita una responsabilidad, exista una sentencia. Para eso están las fiscalías, los jueces y los tribunales.
No se trata de exigir cárcel a partir de una nota periodística ni de sustituir la justicia por el linchamiento político. Eso sería exactamente lo contrario a un Estado de derecho. Se trata de garantizar que el origen partidista del acusado no determine la velocidad de una investigación, la severidad de una acusación ni la disposición del poder para exigir responsabilidades.
Por eso también hay que precisar otra idea. No se puede sostener como hecho que los penales de alta seguridad, incluido el Altiplano, estén reservados exclusivamente para los enemigos políticos de la ‘Cuarta Transformación’. No lo están. Ahí existen procesados y sentenciados por delincuencia organizada y otros delitos federales, además de políticos, empresarios, exfuncionarios y mandos vinculados con distintas investigaciones.
Pero eso no elimina el problema de fondo. Lo verdaderamente peligroso aparece cuando se instala la percepción de que la contundencia del Estado es inmediata cuando el acusado está enfrente y mucho más cautelosa cuando el escándalo nace dentro del propio régimen.
El “tratamiento Altiplano”, por decirlo así, no puede depender de la preferencia o ideología política desde la que uno haya llegado hasta ahí. Y es de confiar –o por lo menos de suponer– que eso no será eterno. No porque yo tenga ningún espíritu revanchista. Eso no me corresponde, no lo tengo, no fui afortunado y tal vez por eso nunca me planteé desarrollar una carrera política en Morena. Es porque, más pronto que tarde, también quienes hayan cometido delitos dentro de Morena tendrán que responder. Y si existen las pruebas y así lo determinan los jueces, también ellos deberán conocer la vida diaria de los penales de alta seguridad.
La justicia solamente es justicia cuando puede caminar en las dos direcciones.
Es muy difícil gobernar cuando se pierde el respeto. Desde los romanos existe una diferencia clara entre ejercer el poder y tener autoridad. El poder lo concede el cargo; la autoridad, en cambio, se construye con legitimidad, equilibrio y reconocimiento. Y cuando eso ocurre, el poder corre el riesgo de convertirse en un poder salvaje. En un poder que ya no se sostiene en la legitimidad, sino en la capacidad de imponer. En última instancia, en quién tiene el arma más larga.
En este sentido, para tener autoridad no basta con poseer el poder. Hay que ejercerlo con un sentido de justicia, equilibrio y congruencia que, al menos en este Segundo Informe, no pudimos advertir.