¿Por qué ha sido tan mediocre el crecimiento de la economía de México durante las pasadas tres décadas? La pregunta ha dado mucho qué pensar y casi todas las respuestas se remiten a la economía: inversión pública débil, mercado interno débil, comercio exterior concentrado en pocas empresas, pérdida de cadenas de valor, financiamiento escaso y caro, y varias más en ese tenor.
Es hasta ahora cuando el presidente de la República ha puesto sobre la mesa una perspectiva netamente política del problema: el poderío económico de un grupo de empresarios se tradujo en políticas públicas para favorecerlos; se infiere que en perjuicio, inevitablemente, del resto del propio empresariado. La poderosa red de corrupción también favorece a unos y pone en desventaja a otros.
Si lo relevante de la 'modernización' neoliberal que inauguró el gobierno de Carlos Salinas de Gortari consistió en ventajas y prerrogativas para los empresarios cuates del régimen, es obvio que los privilegios de ellos han sido grandes desventajas para el clima emprendedor de la economía y por consecuencia, para miles de empresarios.
Los capitales más fuertes de hoy en México se originaron en las facilidades que les ofreció el sexenio salinista para que se adueñaran de empresas públicas como Telmex, Televisión Azteca, líneas aéreas, ferrocarriles, los bancos, siderúrgicas, concesiones mineras y una larga lista de otros activos.
Socios de los gobiernos priistas y de los panistas de Fox y Calderón que siguieron al salinato, se hicieron de inmenso poder -económico y político- cuyo éxito no arrancó de haber tenido que competir, desarrollar capacidades tecnológicas, innovar y pagar los impuestos correspondientes, como tiene que hacerlo el empresariado que está fuera de ese círculo.
Por todo ello es buena noticia que ante la transformación de las reglas anunciada para avanzar en la separación del Estado y los negocios, la inversión extranjera directa -la que se invierte en activos productivos- haya crecido 1.5 por ciento durante el primer semestre de este año.
También es favorable que el gobierno tenga "muy buenas relaciones con el sector privado", según dijo López Obrador al referir que Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Antonio del Valle, dirigente del Consejo Mexicano de Negocios están ayudando al gobierno a resolver la negociación con las empresas constructoras de gasoductos, entre ellas, la de Carlos Slim, quien está colaborando en el combate tecnológico a la corrupción.
Esas buenas relaciones son necesarias. De lograrse que los empresarios no pretendan tener influencia desmedida en política y que los políticos no persigan el dinero, podrá hablarse de "modernización" liberal de la economía y de la democracia en el país, en términos semejantes a lo que dicen defender las cúpulas empresariales.
Sería una transformación en la que el Estado no otorga privilegios, pero fomenta las inversiones, crea regulaciones adecuadas al interés nacional y actúa con legalidad, mientras los empresarios invierten productivamente para ganar rendimientos con base en su competitividad.