El año pasado, los datos sobre Pemex eran más que preocupantes: el futuro de una de las petroleras más importantes de América Latina se encontraba en su peor momento, la administración del pasado sexenio sin rumbo y sin rigor financiero pusieron a la empresa en una situación crítica.
Hace un año, Pemex que hoy lleva Víctor Rodríguez, tenía acercamientos con el sector financiero, buscando el apoyo de las instituciones para refinanciar o “aguantar” a las empresas proveedoras de la petrolera atrasadas en sus pagos, precisamente porque la paraestatal nada más no desembolsaba los recursos que se debía, y literalmente tuvieron que refinanciar a varias empresas proveedoras de Pemex, atendiendo a la palabra de la empresa.
Eso sí, también hay que reconocer que la dupla que hoy encabeza el saneamiento de Pemex no la tiene fácil, y es que un año después –al menos en el sector financiero–, Pemex dejó de ser el tema central de las conversaciones y preocupaciones, ya que el trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que lleva Edgar Amador, junto con todo el equipo hacendario, de la mano de la Secretaría de Energía con Luz Elena González, lograron hacer lo impensable: tomar el control de la paraestatal, empezar a ordenar sus finanzas y hoy –reconocen todos en la industria–, se ve una pequeña luz al final del túnel.
Aunque por un lado desde fuera siguen acumulándose diagnósticos que describen a la petrolera como el gran riesgo fiscal del país, aunque como se ha visto hasta ahora, por fin, dentro del gobierno federal hay una estrategia que, guste o no, busca cambiar la narrativa de una empresa que durante años fue utilizada más como caja recaudatoria que como empresa productiva del Estado.
Desde luego, los riesgos siguen, incluso el más reciente reporte de UBS fue directo y sin matices: para ellos, Pemex se convirtió en un “pasivo estructural” para México. Y sí, la frase pesa porque viene acompañada de números que preocupan a inversionistas, calificadoras y mercados. La deuda pública creciendo, el pago de intereses absorbiendo 17 por ciento de los ingresos del gobierno y una economía con bajo crecimiento son ingredientes suficientes para prender focos amarillos.
Es digno reconocer que más allá del discurso político, ambos equipos entendieron algo que durante años se evitó reconocer: Pemex ya no puede seguir sobreviviendo con rescates aislados ni con transferencias temporales para pagar vencimientos inmediatos. El problema es estructural y requiere cirugía mayor.
Por eso, desde Hacienda se han comenzado a ordenar variables que antes caminaban por separado. La meta no es solamente contener la deuda, sino rediseñar la lógica financiera de la petrolera. Ahí entra la parte más compleja: reducir la presión fiscal sin descuidar las finanzas públicas, estabilizar la producción, ordenar proveedores y enviar señales de disciplina al mercado, esto último es un hecho que se está haciendo.
Y aunque UBS advierte que el respaldo gubernamental seguirá siendo necesario –algo que nadie realmente discute–, también es cierto que el mercado empieza a observar con atención si esta nueva coordinación logra frenar la percepción de improvisación que acompañó a Pemex en el sexenio anterior.
En el sector energético reconocen que la secretaria de Energía ha optado por un estilo de menos ideología y más operación. Mientras que Hacienda entiende que cualquier deterioro adicional en Pemex termina inevitablemente contaminando la percepción soberana de México.
Lo más interesante es que en los mercados empiezan a reconocer que, por primera vez en mucho tiempo, Hacienda y Energía están hablando el mismo idioma. Y en el caso de Pemex, eso representa un avance.
El desafío será demostrar que la coordinación puede traducirse en resultados antes de que la petrolera deje de ser solamente una preocupación financiera y se convierta en un problema mayor para toda la economía mexicana, pero hoy, lo que sí es un hecho, es que se ve por fin la luz al final del túnel, de que las cosas pueden marchar bien.
El frijol que sí importa… el electoral
Las imágenes de los campesinos protestando en sus camiones y tractores es un hecho que llaman la atención. También hay que reconocer que han estado olvidados en muchos frentes, ya que fertilizantes, programas de garantía y financiamiento son problemas de cada año, además de sequías o lluvias en exceso que terminan de dar el tiro de gracia.
Sin embargo, en esta ocasión en Zacatecas que gobierna David Monreal se combinan con el ambiente electoral que ya está más que activo; ahí el problema nunca ha sido únicamente el precio del frijol, la falta de apoyos, ni los retrasos de Segalmex, ni los intermediarios que históricamente se quedan con la mayor tajada del negocio agrícola. El problema de fondo es que el campo zacatecano volvió a convertirse en botín político.
El bloqueo de productores de frijol en carreteras y centros de distribución refleja un enojo legítimo. Los campesinos llevan años sobreviviendo entre cosechas mal pagadas, sequías recurrentes y promesas gubernamentales recicladas sexenio tras sexenio. Lo delicado es que ese descontento termina siendo administrado políticamente desde los mismos grupos de poder que dicen defenderlos.
La sucesión está en marcha y el apellido Monreal sigue dominando la conversación pública, y los aspirantes morenistas a gobernar la entidad ya están en pelea, por lo que el movimiento de los productores aparece justo en momentos en que distintos actores comienzan a medir fuerzas rumbo al relevo estatal, aunque oficialmente todavía falte tiempo para hablar de candidaturas.
Las causas sociales reales son muchas veces herramientas de presión política, y todo indica que en Zacatecas ya iniciaron esas acciones, eso sí el riesgo para Morena es subestimar el desgaste silencioso del campo. El frijol está en la mira.
Dictaminación jurídica obligatoria
Los fraudes inmobiliarios en México han crecido un 800 por ciento en los últimos 20 años y, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), generan pérdidas anuales cercanas a 600 millones de pesos a las víctimas del delito.
Desde luego, esto se traduce en procesos penales y civiles costosos y largos para los involucrados y para las propias autoridades judiciales locales, como el Poder Judicial de la CDMX, que preside Rafael Guerra.
Es por ello que como medida preventiva, en el sector inmobiliario se analiza proponer hacer obligatoria la dictaminación jurídica, la cual solo puede realizar un notario público, y consiste en el proceso que, valida toda la documentación de un inmueble para conocer su estado, es decir, que quien vende el inmueble sea realmente el propietario, si hay o no trámites, créditos hipotecarios o adeudos pendientes, entre otros. Si se identifica algún pendiente jurídico, se pueden analizar las opciones para resolverlo y valorar si se continúa o no con el proceso de compraventa.
En el caso de la Ciudad de México, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a cargo de Benita Hernández Cerón, está en su mayor parte digitalizado, lo que agiliza trámites, consultas y búsquedas, lo que sería ideal que sucediera en todos los registros públicos del país.
Desde luego, que la idea es buena y de avanzarse con el análisis detallado de las implicaciones que esto tendrá en el negocio inmobiliario, la obligatoriedad de la dictaminación jurídica debe revisarse, ya que aseguran reduciría drásticamente los fraudes inmobiliarios, así como procesos judiciales.
Mercado Pago, mientras espera gana
Así es, mientras por otra vía sigue el proceso regulatorio para convertirse en banco múltiple, Mercado Pago que en México lleva Pedro Rivas sigue creciendo en su negocio y ganando terreno digital, ya alcanzó las 4.9 estrellas en tiendas de aplicaciones y lidera el sector financiero en México compitiendo con bancos de manera directa.
Durante el primer trimestre de 2026, Mercado Pago registró un promedio mensual de 1.1 millones de descargas en México, según información de Sensor Tower, ya que combina cuenta digital y una tarjeta de crédito, ya veremos que más sigue.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.