Los obispos católicos de México, representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), expresaron su reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular.
El INE y el TEPJF hoy, son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México. Desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas, ya sea en los congresos de los estados, en las gubernaturas y municipios de los mismos, junto a la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y el Congreso Legislativo en su conjunto.
El INE tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector, ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral, ha fiscalizado las contiendas electorales, ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución, en el marco de la ley, a las inconformidades y controversias, a través del Poder Judicial Electoral. El INE goza de un merecido reconocimiento internacional, siendo un ejemplo a seguir en muchos otros países.
Todas las instituciones y las leyes son perfectibles, todo proceso puede siempre mejorar, como de hecho ha venido sucediendo con el Instituto Federal Electoral (IFE) de la primera etapa, y el Instituto Nacional Electoral (INE) actual.
Sin embargo, expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil -y de las mismas organizaciones políticas-, por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del país, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista.
Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan.
Por tanto, unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia católica en México, desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común que es un derecho propio y, con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones, a través de reformar la Ley.
Constitucional. Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de derecho democrático como es México.
Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico. La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país.