La acusación de un fiscal en Nueva York y de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA) en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios del estado, entre ellos, un senador de la República, viene a confirmar los múltiples señalamientos de la complicidad entre el gobierno estatal y el Cártel de Sinaloa. Este último fue comandado en el pasado por El Chapo Guzmán y ahora está en manos de sus descendientes.
Desde el secuestro y entrega en EU de El Mayo Zambada, orquestado por uno de los hijos de El Chapo, aquel misterioso encuentro con el gobernador y el rector de la universidad que apareció asesinado, las evidencias eran aplastantes.
Rubén Rocha ha contado desde su campaña con el respaldo, apoyo y financiamiento de El Chapo y Los Chapitos, e incluso de El Mayo en su momento, para alcanzar la gubernatura y para obtener el consistente respaldo de esas organizaciones criminales a favor de Morena.
No hay sorpresa. Es la confirmación de una sospecha extendida, multiplicada y multicitada por colegas, periodistas, medios y académicos.
Le voy a decir a usted, la más grande de las vergüenzas mexicanas, no es que tengamos a un gobernador que pacta, acuerda y se somete al narco —no es el primero y seguro no será el último—. Sino que ese señor Rocha, al servicio de los capos, recibió el respaldo, el apoyo e incluso el cínico reconocimiento y espaldarazo de Andrés Manuel, presidente, y de Claudia Sheinbaum, candidata y después presidenta.
Cuando en Washington se afirma que en México se vive en los hechos un narcoestado, lamentablemente no mienten.
Y no porque sea Alito Moreno —¡hágame usted el favor!— el principal promotor de esa versión frente a su amigo cercano Marco Rubio, secretario de Estado, sino porque todas las evidencias así lo señalan.
¿Por qué tendría Andrés Manuel que defender, respaldar y blindar —hasta donde pudo— al gobernador Rocha? ¿Qué servicios, información y conocimiento tendrá Rocha? Para que el entonces presidente y la actual en la silla lo protejan de todo “insidioso comentario de los medios”, como nos han acusado.
En la Fiscalía General de la República no existe una carpeta de investigación acerca de los quehaceres políticos de Rocha Moya al servicio del narcotráfico. No se abrió una investigación amplia y completa acerca del involucramiento del gobernador en aquel crimen y su gestión como “mediador” entre Los Chapitos y El Mayo.
¿Cómo se explica esto? Nuestra justicia es débil e imperfecta. Trágicamente, está en manos de políticos partidistas que no sirven a la ciudadanía ni a ese pueblo bueno intangible que solo se utiliza para llevar votos a las urnas. Por eso, necesita recibir ayuda del extranjero.
Tiene que ser una fiscalía en Nueva York, justamente la que ha recabado todos los testimonios de los narcos mexicanos detenidos, la que formula esta acusación e incluya a 9 funcionarios estatales.
Vendrán los argumentos de la soberanía y del intervencionismo, cuando vivimos en la impunidad más absoluta.
Pero hay agravantes, y es el partido en el poder; el famoso Movimiento de Regeneración Nacional quien ha regenerado profusamente a los grupos criminales, como los cárteles, el huachicol y su versión fiscal y la extorsión, entre otros.
Una verdadera proliferación de delitos generados por la inacción del Estado por más de seis años. Hoy son auténticas multinacionales del crimen; pasaron de ser cárteles de drogas, a corporaciones con diferentes líneas de negocios.
¿A cambio de qué? Esencialmente, a mi juicio, de votos, de respaldo político y eventualmente, de financiamiento.
¿Qué pasaría en México si se revela que esos grupos financiaron las campañas de Andrés Manuel a la presidencia a lo largo de 12 años?
¿Qué pasa si descubrimos que son parte esencial en el surgimiento primario de Morena?
¿Con qué dinero se creó el partido y no nos vengan —sic AMLO— con que fue por contribuciones particulares?
¿Acaso Claudia sabe, conoce, participa de estos acuerdos y entendimientos?
Estamos ante un punto extremadamente delicado. ¿Cuántos políticos mexicanos tienen este tipo de involucramiento? ¿Más de un gobernador, senador, secretario de Estado? ¿Expresidente?
Una vez más, la justicia americana, y subrayo, que sigue y persigue sus propios intereses, es la que presenta acusaciones formales. Porque, lo adivinará usted, tienen las pruebas, las evidencias, grabaciones, videos y testimonios que mandarán —lo deseo de todo corazón— al gobernador Rocha a una celda de alta seguridad en medio de Rhode Island o donde sea.
Entonces viene el dilema eterno de los encubridores políticos: ¿la presidenta se aprieta el cinturón, detiene y entrega a los nueve funcionarios para ser juzgados en Estados Unidos?
¿O jugamos a la retórica vacía de la soberanía intacta y se le somete a juicio en México? Donde como sabemos, no pasará nada.
Vaya disyuntiva la de la presidenta de México: ahora sí, cooperar sin sometimiento, o la perorata nacionalista que mantiene a criminales en cargos de elección popular.
No hay muchas opciones para la presidenta, donde la primera implica salvar el prestigio y probable futuro de un partido aliado a los narcos, o lanzarse al vacío y defender a un criminal en un cargo de elevadísima envergadura: un gobernador narco.