Con la mano en la cintura, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mandó al carajo a los senadores de la República y notificó que no atendería la invitación para abordar el tema de los agentes de la CIA, lo cual encendió los ánimos de los morenistas. Y aún seguían eufóricos alegando traición a la patria y rasgándose las vestiduras, cuando… ¡boom!, estalló la bomba de la acusación formal en Estados Unidos contra el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nada menos que por narcotráfico.
En otras épocas, por mucho menos que eso, ni Maru ni Rocha estarían ya en sus cargos. Décadas atrás, con enorme facilidad y haciendo uso del poder metaconstitucional que tenía quien se posaba sobre la silla del águila, Carlos Salinas de Gortari removió a gobernadores, sin importar que hubieran llegado con el respaldo de las urnas. Fue el caso de Fausto Zapata en San Luis Potosí, Xicoténcatl Leyva en Baja California y Salvador Neme en Tabasco, por mencionar solo algunos de más de una decena.
Eran tiempos en los que el poder de un gobernador languidecía ante el del presidente de la República. Hoy en día los gobernadores gozan de un pacto federal robustecido. Consciente de esa nueva correlación de poderes, y cobijada por senadores panistas, Campos decidió no acudir a que la acribillaran. Y era lógico, quién realmente esperaba que fuera a abrirse de brazos a que la apedrearan los legisladores del oficialismo, por mucho que le hayan ofrecido un trato “respetuoso”.
Es sano que en la actualidad el presidente o presidenta de la República no pueda tan fácilmente remover a un gobernador elegido por su pueblo. Pero ¿qué hay de los controles institucionales para impedir que un mandatario actúe al margen de la ley, respaldado por esa libertad y soberanía muchas veces mal entendida?
Es el caso de Maru Campos y su gobierno. ‘Sólo respondo al pueblo de Chihuahua, no al Senado’, habría dicho, según se quejó el senador Ignacio Mier. No hay mucho en dónde buscarle, acotó la presidenta Sheinbaum, ‘o es en la gobernadora o es en la fiscalía estatal’ en quien recae la responsabilidad de haber violado la Ley de Seguridad Nacional al permitir que, a espaldas del Ejecutivo federal, agentes de la CIA hayan participado en un operativo terrestre.
Pero no es el único caso, ahí está Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien habría diseñado un esquema de triangulación de recursos del erario para beneficiar al despacho jurídico de su familia. Señalamientos de esa índole se le han hecho desde 2019, y ahí sigue, como si nada (...por ahora).
Y es, sobre todo, el caso precisamente de Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, quien desde hace mucho tiempo debió responder, aquí en México, entre otras cosas por el cuento que inventó su fiscalía sobre el asesinato del diputado electo Melesio Cuén supuestamente en una gasolinería, cuando en realidad habría sido ultimado en el mismo inmueble donde fue secuestrado El Mayo Zambada, sitio en el que el capo se habría de encontrar con el gobernador, según su propio dicho.
Era un secreto a voces que el morenista habría llegado al cargo con el auspicio de los hijos de El Chapo y, ya “como gobernador, Rocha Moya permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa”, según la acusación.
El simple hecho de que su estado, con énfasis en Culiacán, viviera un infierno desde septiembre de 2024 con más de 2 mil 600 muertos por la guerra intestina entre Chapitos y Mayiza, habría sido motivo suficiente para que Rocha no solo se fuera, sino para que se tomaran cartas en el asunto.
Nunca respondió por ello en México, y hoy ya no es acá sino en Estados Unidos donde está llamado a cuentas. Es el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York quien presentó una acusación formal en contra suya y de nueve funcionarios más, por “conspirar con los líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”.
¿Qué hacer con ese tipo de góbers? Existen vías que el Congreso tiene al alcance para que los gobernadores rindan cuentas. Una de ellas es la desaparición de poderes, facultad exclusiva del Senado establecida en el artículo 76 de la Constitución. Esta procede cuando los gobernantes estatales “promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución”.
Está también, aplicable a gobernadores, la figura de juicio político, estipulado en el artículo 110 constitucional, y procede “por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales (...)”.
Asimismo, la declaratoria de procedencia, “que tiene por objeto remover la inmunidad procesal (fuero) de los servidores públicos (...) para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo (...)”.
Pero, seamos honestos, son figuras que se han politizado en exceso. Políticos de uno y otro signo partidista han pretendido con fervor militante recurrir a estas figuras motivados por vendettas.
Uno de los casos más recientes es de marzo de 2024, cuando tras un acalorado debate entre senadores de oposición y de la ‘4T’, el pleno de la Cámara alta aprobó que la Comisión de Gobernación estudie si procede la desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato, por la incontrolable operación del crimen organizado. ¿Qué pasó? Nada. Todo tenía motivaciones políticas, independientemente de que hubiera elementos. Fastidiar a un gobierno panista, el de Guanajuato, era el objetivo del oficialismo. Hacer lo propio con un Ejecutivo morenista, el de Guerrero, era el fin del panismo.
¿Tenemos que seguir tolerando actitudes al margen de la ley de gobernadores de distintos colores solo porque se han politizado en extremo los mecanismos diseñados para la rendición de cuentas? ¿No nos queda más que esperar a que gobernadores señalados de ilegalidades dejen el cargo y emprendan la fuga, como Silvano Aureoles en Michoacán, aún prófugo? Lamentablemente parece que así será.