En esta entrega y la siguiente comparto con los lectores de El Financiero una versión de mi participación en la mesa organizada por El Colegio Nacional y coordinada por Diego Valadés ‘Recuperación económica, Estado de derecho y empleo’, realizada el 20 de octubre.
La emergencia sanitaria no solo ha desnudado las vulnerabilidades sociales, centralmente las fragilidades varias de los sistemas públicos de salud y seguridad social, resultado de los años del globalismo desbocado; también, paradójicamente, ha abierto la posibilidad de un nuevo consenso.
“El Consenso de Washington está llegando a su fin, ha escrito la economista Mariana Mazucatto: el Grupo de Expertos del G7 sobre Resiliencia Económica exige una relación radicalmente distinta entre los sectores público y privado (…) La alternativa es el Consenso de Cornwall (…) (que) nos llevaría de la corrección reactiva de las fallas de mercado a la modificación y creación proactiva de los tipos de mercados que necesitamos para cultivar una economía verde. Nos llevaría a reemplazar la redistribución por predistribución. El Estado coordinaría asociaciones público-privadas orientadas a misiones para crear una economía resiliente, sostenible y equitativa” (Project Syndicate, 13/10/21).
En nuestro caso esto querría decir la evolución del Estado mexicano a un Estado social y desarrollista, que coronaría el carácter democrático y constitucional que ha ido adquiriendo con la transición a la democracia y la implantación del pluralismo político. Estas traslaciones encaran diversas y exigentes implicaciones; para empezar, que ese Estado ya no elude ni disfraza su debilidad fiscal y convoca a una gran misión nacional para acometer una reforma hacendaria que contemple impuestos progresivos que cimienten los compromisos constitucionales del Estado social y reivindiquen nuestra tradición como economía mixta justiciera y desarrollista.
En palabras de la secretaria de la Cepal, Alicia Bárcena: “una nueva agenda tributaria global (…) con mayor relevancia a partir del reconocimiento de la importancia de la política fiscal para promover un desarrollo sostenible e inclusivo”(1).
También quiere decir que el gobierno deberá acompañar la reconstrucción de nuestra economía pública convocando y apoyándose en el mayor número de fuerzas y sectores para crear mecanismos de comunicación y deliberación permanentes y de Estado; también para formular proyectos productivos y de investigación, educación y formación de cuadros técnicos. Todo esto, por cierto, implica recuperar los principios constitucionales sobre la planeación democrática del desarrollo y darle a la programación del sector público un papel central en la definición de políticas y, sobre todo, en la comunicación entre el Estado y el resto de la sociedad.
La combinación productiva entre inversión sostenida, adaptación del progreso técnico y Estado robusto comprometido con la redistribución social y la rendición de cuentas, desembocaría en un programa nacional de inversiones que al tiempo que alienta la recuperación, cubra las necesidades más ingentes y atienda decididamente los ‘baches’ en la infraestructura física y social resultado de años de austeridades mal concebidas y no aplicadas conforme a criterios de equidad y redistribución.
MÉXICO, RESPUESTAS LIMITADAS
Desde el inicio de la crisis sanitaria las medidas económicas adoptadas han sido diferentes entre países y regiones; sin embargo, la mayoría de las llamadas economías emergentes, así como las desarrolladas han echado a andar programas de reactivación, estabilización y reconstrucción.
En nuestro caso la respuesta fiscal, en palabras del FMI, fue “conservadora y centrada en contener la deuda pública”(2). El monto total de apoyos fiscales otorgados en México durante la pandemia no pasaron de 3.0 por ciento del PIB, porcentaje menor comparado con el resto de las economías de la región, cuyo promedio fue de 8.5 por ciento del PIB.
En términos de empleo la situación no es mejor ni más alentadora. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), antes de la pandemia teníamos una Población Económicamente Activa (PEA) de 59.9 por ciento, que para el segundo trimestre de 2020 había caído a 49.2 por ciento. Y con datos de 2021, el primer trimestre la PEA subió a 57.1 por ciento y el segundo a 59 por ciento (0.9 por ciento por debajo del porcentaje reportado antes de la crisis).
Además, hay que tener presente que la población de 15 años y más entre el primer trimestre de 2020 y el segundo de 2021 aumentó en 2 millones 511 mil 119 personas, y la PEA −en el mismo periodo− solo lo hizo en 653 mil 287.
La población desocupada, por su parte, pasó de un millón 956 mil 517 personas (primer trimestre de 2020) a 2 millones 425 mil 506 (segundo trimestre de 2021). Y en cuanto a la población no económicamente activa (PNEA) disponible (quienes no buscaron trabajo pero están en disponibilidad de trabajar) pasó de 5 millones 679 mil 187 personas (14.9 por ciento de la PNEA) a 17 millones 448 mil 647 personas (35.8 por ciento de la PNEA), entre el primer y el segundo trimestre de 2020.
Para el primer trimestre de 2021 se reportaron 8 millones 353 mil 845 personas económicamente no activas pero disponibles y para el trimestre más reciente del que se tienen datos, la cifra pasó a 7 millones 913 mil 168. Es decir, se mantiene un déficit de dos millones si comparamos las cifras con las que había antes de la crisis.
En cuanto a empleo formal se refiere, si bien el Presidente ha presumido de que en esta crisis la recuperación se ha tardado menor tiempo (19 meses) en regresar al registro de empleos afiliados al Seguro Social (comparada con la crisis del 1994, que reportó 24 meses, y la Gran Recesión del 2008-2009, que lo hizo en 22 meses), la economía está lejos del nivel de empleos que debería de tener dado el crecimiento de la población y las necesidades de empleo.
Si, además, tomamos en cuenta el crecimiento del empleo formal entre febrero de 2017 y febrero de 2020 y asumimos que la tendencia se hubiera mantenido hasta septiembre de este año (claro, sin el choque de la pandemia), habría cerca de un millón más de empleos que el último dato reportado por el IMSS. Es decir, si bien regresamos al nivel de hace 19 meses, la población no ha dejado de crecer y, en su mayoría, sigue necesitando un empleo remunerado para subsistir.
De hecho, hay estudios que señalan que solo será posible hablar de recuperación cuando la economía llegue, al menos, a los niveles que tenía en 2018, lo que podría ocurrir hacia fines de 2022. Pero, de acuerdo con otros investigadores, en particular Enrique Provencio, México requiere desde ya (2021) un crecimiento medio anual del PIB per cápita de alrededor de 2.5 por ciento para en 2026 alcanzar niveles pre pandemia.
(1) Participación en la cumbre Jobs Reset Summit: https://www.cepal.org/es/comunicados/se-necesita-reforma-debate-tributario-multilateral-marco-naciones-unidas-alicia-barcena
(2) México: Declaración del personal técnico al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2021 https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/10/08/mcs100821-mexico-staff-concluding-statement-of-the-2021-article-iv-mission