Todo apunta a la conservación, incluso obsesiva, de la conducción económica por parte del gobierno. La confirmación de este mandato, por si falta hiciera, corrió a cargo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de un modo cándido cuanto elemental. El funcionario rechazó la solicitud del INE de recursos extra para realizar la consulta sobre la revocación de mandato aduciendo que, de hacerlo, las asignaciones aprobadas para los programas sociales se reducirían.
En su lógica, ampliar el gasto programado para el órgano electoral reduce las asignaciones sociales. Y, ciertamente, en una circunstancia límite, como la que podríamos vivir dada la fragilidad de la economía y las recurrentes turbulencias de la economía mundial. Tal argumento, pese a su linealidad, podría ser atendido por pertinente. En una coyuntura así, lo importante sería defender a los más débiles y vulnerables a quienes se dirigen dichos programas y sería inadmisible, política y éticamente hablando, incluso desde el punto de vista económico por sus efectos sobre el consumo y la demanda, afectar tales asignaciones para fondear una operación política como la que implica la llamada revocación de mandato. Se trataría de un error garrafal.
Ocurre, empero, que no estamos en una situación límite. No se ha pedido que el gobierno realice un absurdo cambalache entre la protección social y la promoción política; en este caso de lo que el gobierno entiende por democracia participativa. De hecho, podría decirse que esta práctica, pensada simplistamente por el Presidente y su gobierno, puede realizarse con ejercicios menos costosos que el de la revocación. Nadie ha postulado que tal versión de la democracia deba asociarse a la consulta de marras, recurso que más bien parece haberse convertido en una intrigante argucia para ‘ventilar’ la aceptación de la que goza el Presidente.
De lo que se trata es de aprobar una ampliación del Presupuesto de Egresos de la Federación y, en particular, del gasto público, para lo que el Congreso tiene toda la autoridad. De ocurrir así, no se tocarían los programas sociales del gobierno, pero se aseguraría que el INE cumpliese con la ley que ordena la tristemente célebre revocación del mandato que nadie pide y pocos dicen querer. Sin embargo, una operación que hiciera compatibles demandas políticas con compromisos sociales, no encuentra lugar: ni en la concepción imperante en materia de finanzas públicas, ni en el flanco completo de la política económica. Es así porque el gobierno ha decidido que los criterios de evaluación de su desempeño estén basados en una restricción férrea de sus capacidades de gasto, determinada por la relación entre deuda pública y PIB.
Dicho sencillamente: el gasto ampliado no puede financiarse sino con más deuda pública y ello conlleva a la descalificación del gobierno.
Sometido a tan miope dictadura financiera, el gobierno no puede alterar las ecuaciones fundamentales de la finanza pública. En esta ocasión el costo lo pagará el INE, cuyas cuentas no le saldrán, pero, debe reconocerse, que la falta de recursos afecta desde hace tiempo no solo a nuestra deteriorada infraestructura física, sino a la salud pública y la educación, renglones fundamentales acosados por grandes carencias y presiones.
La transparencia cultivada por el secretario encargado del orden interior conlleva pésimos mensajes para el futuro económico nacional. El presente ha quedado debidamente embargado.