Rubén Rocha Moya

A Morena le salen facturas en todos los estados del país, que le están cobrando estrepitosamente preferencias entre el electorado, al identificárseles como una institución política asociada principalmente a narcotraficantes, corrupción, impunidad e ineficacia.

El discurso soberanista de la presidenta Claudia Sheinbaum cada día se devalúa más. Y no ocurre así por la andanada de Estados Unidos

En el caso de Rocha Moya, la protección no tiene bases jurídicas; es totalmente política. Sí hubo denuncias en 2021 de la participación del Cártel de Sinaloa y, en 2024, Zambada lo imputó como cómplice y traidor en una carta pública desde la cárcel, pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la fiscalía general dar el carpetazo.

Lo que seguro no saben es que Rubén Rocha Moya, probablemente, es el hombre que mejor ha entendido el sistema de seguridad social en la historia de México. Así como lo están leyendo.

La senadora por la Ciudad de México resaltó que exactamente en un mes arranca el Mundial, por lo que “urge” que las obras concluyan para brindar un “servicio digno” a todos los visitantes.

Rubén Rocha Moya tiene un operativo de seguridad a cargo de la Guardia Nacional, reveló Omar Garcóia Harfuch la semana pasada. Aclaró que el gobernador de Sinaloa no pidió protección especial.

Una orden de arresto no surge de una instrucción tomada en Washington, sino de investigaciones largas construidas caso por caso, con evidencia que debe pasar por múltiples filtros.

Después de las elecciones en Sinaloa de 2021, los partidos de oposición entregaron a las autoridades de la OEA un documento en el que detallaba la operación del Cártel de Sinaloa durante la jornada electoral de ese año para favorecer al entonces candidato de Morena, RRM, a la gubernatura del estado.

Las señales han sido muchas: insinuaciones, declaraciones, advertencias y, finalmente, la petición formal, recurriendo a los tratados firmados por ambas naciones de manera soberana.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe entender que el dilema no es si coopera o no con Estados Unidos. El dilema está en decidir si México actuará conforme a derecho o si permitirá que la política de un partido impida el cumplimiento de una obligación jurídica internacional.